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DICTAMEN DE ASESORÍA LETRADA CPQ.
Vista la presentación recibida de los matriculados relacionada al impedimento de poder trabajar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires por imperio de la ley 5920 y sus anexos reglamentarios...
 
  Dictamen de Asesoría Letrada CPQ.  
  Vista la presentación recibida de los matriculados relacionada al impedimento de poder trabajar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires por imperio de la ley 5920 y sus anexos reglamentarios transcribimos el dictamen de los Asesores Jurídicos del Consejo de Química que da inicio al pedido de inconstitucionalidad de la citada norma.

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  El ANEXO I, establece los “REQUISITOS EXIGIBLES E INDISPENSABLES PARA QUE SE CONFIGURE FORMALMENTE LA INSCRIPCIÓN”.  
     
 

Uno de los recaudos obviamente es poseer el título respectivo que habilite al profesional, a los fines de las incumbencias y las capacitaciones emergentes de su plan de estudio y su integración curricular. En ese sentido, la resolución concreta un detalle de los títulos habilitantes, dentro de los cuales se especifica -entre otros- “b) Licenciados en Higiene y Seguridad en el Trabajo” (sic.). Hay en ese sentido, indicaciones específicas de títulos, y además indicaciones genéricas de títulos profesionales que enunciativamente pueden acceder, ligados al criterio rector de la sede administrativa.

 
     
 

Luego de la enumeración de los títulos para el acceso al registro, advertimos un recaudo ciertamente inconstitucional, e impropio de actos administrativos de carácter general, cual es la exigencia de “Aprobar el correspondiente examen de ingreso al Registro. El temario de dicho examen obra como anexo II” (textual, del Anexo I de la Ley 5920). La referida ley, en su artículo 5º crea el “Registro de Profesionales para la elaboración y puesta a prueba de los Sistemas de Autoprotección”. Ciertamente, los títulos habilitantes autorizados por el Ministerio de Educación, generan la incumbencia como derecho adquirido por el profesional que aprobó el plan curricular, que fue evaluado en cada uno de los centros académicos, y que luego de esa evaluación y luego -más específicamente – de haber aprobado los exámenes, adquiere el derecho al ejercicio profesional, como “derecho adquirido” en forma regular y surgido de las Leyes Nacionales y con el debido reconocimiento por parte de la Constitución Nacional en los términos de los artículos 14, 14 bis, 17, 18, 28, 31, 33 y 75 incisos 12 y 22.

 
     
 

Entonces, como corolario de éste análisis, es totalmente ilegítimo e inconstitucional el recaudo exigido por el Anexo II, el cual exige una suerte de revalidación de los títulos, y la homologación indirecta de las incumbencias profesionales, afectándose derechos adquiridos y dictándose una ley por parte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se enfrenta con la Constitución Nacional, que impide que a través de una ley de rango inferior, el ejercicio pleno de las leyes del Congreso Nacional. En ese sentido, la ley del Gobierno de la Ciudad, tiene rango “provincial” desde la perspectiva de la Constitución Nacional, y siempre considerando lo normado por el artículo 28 de la Constitución Nacional, que prohíbe que a través de un carrril reglamentario, se altere e derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional.

Lo cierto es que de aceptarse la revalidación de los títulos, a través de la existencia de un examen que cuyo resultado incluya o excluya al profesional – que ya posee su título como “derecho adquirido”- se están cuestionando las evaluaciones concretadas por y en los planes de estudios, y la genuinidad de los resultados de los exámenes y evaluaciones; como asimismo, los actos administrativos emanados del Ministerio de Educación, que evaluó, aprobó los planes curriculares y determinó las incumbencias de los títulos profesionales.

En verdad, esa Ley no solo es inconstitucional, sino que no es de aplicación legítima, y ello expresado al margen de la declaración formal de inconstitucionalidad; porque el artículo 31, de la CN, ordena que en caso de enfrentamiento entre algunas de as leyes regulatorias, y el texto y contenido interpretativo de la Ley Fundamental, sencillamente se prescinda de aplicar la norma de inferior rango (Artículo 31.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales”).

 
     
 

Se trata en definitiva, no solo de una abrogación de funcionales Nacionales, a través de la revalidación de los títulos, sino de la relativización de todos los actos administrativos intermedios; es decir, aquellos colectados a través de cada una de las evaluaciones del plan curricular, aprobado por el Ministerio de Eduacion, dentro de los términos de la Ley 24.521, que su Artículo 42 establece: “Los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las provincias. Los conocimientos y capacidades que tales títulos certifican, así como las actividades para las que tienen competencia sus poseedores, serán fijados y dados a conocer por las instituciones universitarias, debiendo los respectivos planes de estudio respetar la carga horaria mínima que para ello fije el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades. 

La alusión de la ley, al poder de policía jamás puede interpretarse como que a través de es poder no delegado, las provincias (queda incluido el GCBA) puedan alterar el régimen concertado de los artículos 28, 31 y 75 inciso 12 de la CN.

Por otro lado, y sin perjuicio que el examen de por sí es un acto irrito, inexigible e irreflexivo, lo cierto es que al margen de ese insoslayable defecto de constitucionalidad, de aceptarse el recaudo del examen para el ingreso al registro, el eventual jurado, y el estado que los nuclea (GCBA) se eleva por sobre el Congreso Nacional, generando más allá de actos inconstitucionales frente al avasallamiento de garantías y derechos individuales, un acto de alzamiento de un poder inferior, en términos fundamentales, contra el estamento superior. En efecto, se alzaría a ese ese “Jurado” en los jueces de las universidades, revisores de todos los actos administrativos generados en el curso del desarrrolo de los planes curriculares. Es decir, un verdadero y real caos administrativo y constitucional, generador de un tipo de alzamiento que genera gravedad institucional.

Desde la óptica del Consejo Progesional de Química, consideramos como lo más grave, el dictado de la ley, que -en nuestro concepto– fue aprobada sin un análisis exhaustivo de los Anexos, a los cuales el texto (Artículos 1/18) remite; porque no otra explicación se nos ocurre frente a semejante violacion de la propia Constitución Nacional, de la Ley 24.521 y de todos los actos administrativos dictados con base en las leyes, y gestados cronológicamente al paso de las enseñanzas y evaluaciones; actos incorporados al patrimonio de los profesionales, con la protección del artículo 17 de la Constitución Nacional.

 
     
  Varias consideraciones pueden desprenderse de los párrafos anteriores:   
     
 

- Que la habilitación profesional, según lo expresa el artículo 42 de la LES, es una consecuencia del reconocimiento oficial otorgado a un título;

- Que las actividades profesionales (alcances o incumbencias) para las que tiene competencia el egresado, es un derivado del perfil del título y éste a la vez, lo es del plan de estudios correspondiente;

-Que las actividades profesionales (alcances o incumbencias) refieren estrictamente a las competencias vinculadas con el desempeño de la profesión;

- Que en aquellos títulos vinculados a profesiones cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público (artículo 43 de la Ley No 24.521) las actividades profesionales reservadas (incumbencias) son fijadas por el Ministerio de Educación;

- Que en aquellos títulos no vinculados a profesiones cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público (artículo 42 de la Ley No 24.521) las actividades profesionales (alcances) son fijadas por las propias instituciones universitarias. Por estas sintéticas circunstancias, se adelanta que el Consejo Profesional de Química, en defensa de sus matriculados y la legalidad en general (cfr. Arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33, incisos 12 y 22 de la CN), ha de instar acciones legales.

Sin perjuicio de ello, ínterin se informa sobre los postulados básicos que han de servir de soporte a las acciones legales.

 
     
     
 

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